El presidente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, Audelino Flores, hizo un llamado a los diputados locales para que en conjunto con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) intervengan y observen los presuntos desvíos de los recursos que les descuentan a los trabajadores que han denunciado por parte de los ayuntamientos de Colima, Tecomán y Villa de Álvarez.

Expuso que al menos en los casos de Tecomán y Colima ya se han interpuesto las denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pues recordó que la actual legislatura reformó el artículo 233 Bis del Código Penal para tipificar como delito el desvío de cuotas sindicales, por lo que los alcaldes que incurran en ese delito podrían ser sancionados con la destitución del cargo e inhabilitación.

“Solicitamos al Congreso del Estado nos den la oportunidad los diputados porque hemos ido a buscarlos en dos ocasiones y no hemos encontrado ninguno, ojalá que nos dieran la oportunidad de platicar con ellos y con el Osafig porque nosotros queremos que quede bien claro que están utilizando los presidentes municipales nuestros recursos para pagar compromisos de campaña de ellos”, acusó.

El también líder de los trabajadores sindicalizados de Tecomán acusó que en el caso de ese municipio les adeudan alrededor de 100 millones de pesos por concepto de diversas aportaciones y descuentos, como cuotas sindicales, bonos, fondo de préstamos entre otros, de los cuales 40 corresponden a la administración pasada, encabezada por Héctor Vázquez Montes, y los otros 60 son adeudos que se han acumulado durante el gobierno de Guadalupe García Negrete.

Mencionó que en el caso de ambos adeudos se interpusieron denuncias en contra de las dos administraciones ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, órgano que en su momento ya dio vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito de desviación de recursos.

“Por ejemplo en Tecomán tienen 300 gentes como funcionarios de confianza que muchos de ellos no hacen nada, pero sí andan en campaña política y están pagados nuestros recursos y con nuestros descuentos (…) es gente que no las tenía presupuestada el ayuntamiento y con ese dinero los está pagando”, acusó.

En el caso de Colima, el dirigente sindical, Héctor Arturo León Alam, expuso que el adeudo a sus representados suma también cerca de 100 millones de pesos por falta de aportaciones como cuotas sindicales, fondo de ahorro, pago de seguros individuales, aportaciones al sistema de pensiones, así como aportaciones por defunciones, de los cuales alrededor de 24 millones corresponden la actual administración y el resto a administraciones pasadas.

Indicó que su sindicato interpuso ya dos denuncias ante la PGJE, una a finales de enero y otra a principios de febrero, en contra de la administración que encabeza el alcalde Héctor Insúa, y una fue por el por el desvío de cuotas de los trabajadores y otra por la falta de las aportaciones al Sistema de Pensiones.

Por su parte la presidenta del Sindicato de los Trabajadores de Villa de Álvarez, Teresa Ramírez, explicó que parte del ayuntamiento les adeudan en total cerca de los 60 millones de pesos por conceptos como el fondo de autofinanciamiento para mejoras en vivienda, cuotas sindicales, aportaciones al Sistema de Pensiones y retenciones del fondo de ahorro, de los cuales la mitad corresponden a la actual administración de Yulenny Cortés y el resto a la del excalade Enrique Rojas.