La procuradora de Justicia, Yolanda Verduzco, confirmó que ya recibieron la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se indemnice a los agentes que reprobaron las pruebas de control y confianza y que por ello han causado baja de la institución, sin embargo, enfatizó que no la aceptarán porque no pueden otorgar una pensión o jubilación a los elementos “sólo por la apreciación de la Comisión”.

Y es que resaltó que los trabajadores de la seguridad no están considerados como empleados de base ni de confianza, sino que se encuentran en un apartado especifico de la Ley estatal del trabajo, que en el caso de los hombres y mujeres únicamente marca una edad mínima de servicio, “no vamos a violar la ley burocrática estatal para cumplir con una recomendación que está desfasada y completamente fuera del ámbito legal”, recalcó.

Respecto a los exámenes de control y confianza, Verduzco Guzmán, pidió a Roberto Chapula leer los artículos 56 de la Ley Estatal de Seguridad, así como el 72 y 70 de la Ley nacional que marcan que todos los que trabajen en las áreas de seguridad deben ser avaluados, además que quienes no los aprueben tienen que ser dados de baja; exponiendo que la fecha límite para hacerlo es el mes de diciembre.

La procuradora subrayó que cuando los agentes fueron despedidos se respetaron sus derechos laborales, dando la liquidación correspondiente a los años de servicio, insistió en que no pueden ser reubicados ni recontratados.
Por su parte, el secretario general de gobierno, René Rodríguez Alcaraz, refirió que las pruebas de control y confianza no sólo es la aplicación del polígrafo, sino que hay exámenes psicológicos, pruebas toxicológicas, entre otras.

Expuso que esas pruebas están diseñadas por expertos con conocimientos técnicos y científicos.

Con información de @felipeochoaagmx