Marcelo Torres Coufiño, coordinador de los diputados locales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), y Eduardo Aguilar, director Jurídico del mismo, informaron que ya analizan los posibles escenarios para iniciar la defensa del alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, por las sanciones que aprobó en su contra el pasado sábado (25) el Congreso del Estado.

Sin embargo, también indicaron que esta misma semana iniciarían los procesos para sancionar a los diputados locales de este instituto político que votaron a favor del dictamen: Riult Rivera, Crispín Guerra y José Santos Dolores.

Lo anterior se dio luego de que el Legislativo local aprobara por mayoría sancionar al alcalde con su destitución e inhabilitación por siete años, tras la orden de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al Congreso local para sancionarlo por violar el principio de imparcialidad en la contienda extraordinaria por la gubernatura.

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De visita en la entidad, Torres Coufiño consideró importante dejar claro que el PAN desconoce la resolución tomada por los legisladores locales, pero sobre todo lamentó la injerencia de parte del PRI-Gobierno en ese tema y aseveró que ese partido así tiene acostumbrado hacer siempre en los estados y en los municipios, así como a nivel nacional, al involucrarse “en temas que van mucho más allá de lo jurídico, incluso de lo político”, dijo.

En su momento, Aguilar expuso que su presidente nacional, Ricardo Anaya, les solicitó que fueran muy enfáticos al informar sobre “el desconocimiento que hace el Partido Acción Nacional en sus términos estatutarios y reglamentarios en contra de la determinación y aprobación por parte del Congreso del Estado de Colima, pero particularmente de tres diputados del PAN de destituir al alcalde Rafael Mendoza”.

Mencionó que si bien es cierto que había una determinación de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que señalaba “que había una relativa responsabilidad por parte del alcalde”, refiere que existían muchas otras sanciones que se pudieron haber impuesto al presidente de Cuauhtémoc, pues consideró que imponerle la destitución fue una sanción excesiva.

“Al final del día es una violación constitucional grave imponer una sanción máxima frente a una falta menor, una falta menor porque el entonces ciudadano Rafael Mendoza se encontraba en licencia del cargo de presidente municipal cuando acudió a un evento en apoyo a Jorge Luis Preciado, entonces candidato a la Gobierno del Estado”, afirmó.

Pero además dijo que cuando Mendoza solicitó la licencia, “no había ninguna norma directa que estableciera que no podía pedir licencia, sino que fue de manera posterior cuando los tribunales, haciendo una interpretación de algunos principios, han dispuesto que era una ilegalidad” basada solamente en una responsabilidad en grado menor, por lo que considera que dicha ilegalidad debió castigarse cuando mucho con una amonestación o en su caso con una multa económica.

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Pero también le exigió al Congreso local que con la misma precisión y rapidez que sancionó a Mendoza, actúe y alce la voz contra los graves problemas que tiene el estado de Colima y con los graves problemas que tiene el Gobierno del Estado, como son la inseguridad, la falta de empleos y la impunidad para castigar los actos de corrupción que se han denunciado.

“El Partido Acción Nacional sancionará con los estatutos y con las facultades que este le impone a los órganos del partido a quienes han participado en esta determinación (…) Se desconoce la determinación tomada y en consecuencia con toda claridad se informa que se deja para efectos intrapartidistas sin efectos la determinación tomada por esos diputados emanados del Partido Acción Nacional”, añadió.

Sin embargo, mencionó que aunque no se sabe cuáles sanciones podrían imponer a los tres diputados panistas, toda vez que eso dependerá de lo que determinen los órganos internos de su partido, advirtió que pueden ser desde una amonestación, una suspensión y hasta la expulsión de las filas del partido albiazul.

A la pregunta de si el PAN no veía venir esa situación luego de que el juicio político iniciara en marzo del 2016, cuando aún tenían el control del Congreso, el coordinador de los diputados locales panistas, Luis Ladino, respondió que cuando la Sala del Tribunal emitió la petición de castigar al alcalde, la entonces presidenta de la Comisión de Responsabilidades, Julia Jiménez, les dijo tanto a él como al alcalde en cuestión que el castigo que se iba a imponer al presidente municipal era una amonestación privada.

“Desde entonces nos quedamos con que así iba a ser porque era la petición de la Sala, es por eso que al dicho de la diputada y presidenta de la Comisión, al presidente y un servidor es que no hicimos ya nada, ni dijimos nada porque confiamos en la palabra de la diputada al decirnos que la única sanción que venía era una amonestación privada”, puntualizó.

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En la rueda de prensa también estuvieron presentes el presidente estatal del PAN, Enrique Michel, así como los diputados locales, Martha Sosa, Edith Velázquez, Adriana Mesina, Gabriela Sevilla y Norma Padilla.