El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rogelio Rueda, cree que todos los alcaldes que solicitaron licencia y participaron en la campaña extraordinaria de Jorge Luis Preciado, al hacerlo violaron la ley, y no sólo Rafael Mendoza y Guadalupe García, como determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo, de Héctor Insúa, Yulenny Cortés y Orlando Lino, no obtuvieron pruebas para presentar un recurso.

En entrevista con Ángel Guardián, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI puntualizó que este partido sólo participó interponiendo ante los tribunales electorales un recurso, pues consideraba indebida la participación de los referidos alcaldes en la campaña extraordinaria por la gubernatura, y en el Congreso prácticamente han sido “testigos” de un proceso dominado por actores panistas.

“Pusimos en manos de la autoridad electoral el asunto, ellos hicieron todo el procedimiento, terminó el asunto con que la Sala Regional del Tribunal Electoral, en la Ciudad de México, resolvieron que sí había violado la ley y la Constitución. Mandaron el asunto al Congreso para que lo sancionaran, en el Congreso la única participación del PRI durante todo el proceso de juicio político fue como mirón de palo”, aseguró.

“En la sesión donde el Congreso se erige en jurado de acusación y votan, los diputados del PRI votaron a favor del dictamen de la Comisión de Responsabilidades, hasta ahí llega la participación del PRI, ¿de dónde sacan que el PRI tenga una responsabilidad mayor que eso? (…) Todo lo decidieron los diputados del PAN que eran mayoría en el Congreso”, agregó Rogelio Rueda.

Por otro lado, dijo que legalmente quizás el Congreso local pudo haber seguido otra ruta para cumplir con la orden del TEPJF de sancionar al alcalde que incumplió con el precepto constitucional de imparcialidad ante un proceso electora, sin embargo, aclaró que estuvo en manos del Legislativo y siempre bajo control de diputados del PAN.

“Seguramente había la posibilidad de revisar otras opciones, no tengo los datos. Retomamos el asunto cuando pasaron meses y no pasaba nada, no nos dijeron nada en el Congreso porque había un control férreo del PAN y lo que hicimos fue preguntar al Tribunal qué había pasado con su sentencia (…) No soy diputado local, pero dependiendo de la conducta y circunstancias creo que hay varias opciones, en este caso los diputados que en ese momento resolvieron, decidieron que lo que correspondía era abrir un juicio político”, mencionó.

Y aunque reconoció que esto pudiera generar una inestabilidad política en el estado, aseguró que el PRI y el Gobierno del Estado no tienen vías para intervenir ni podrían avalar alguna medida para que hubiera impunidad cuando se violó la ley.

“De ninguna manera, porque en esos momentos estábamos en medio de la campaña electoral, y recordamos, esta campaña electoral extraordinaria ha sido la más complicada que hemos vivido los colimenses, se robaron el material electoral de una casilla electoral, mataron a alguien, incendiaron una casilla en Tecomán (…) En Colima queremos un estado donde las elecciones transcurran con tranquilidad, y si no empezamos a castigar las transgresiones a la ley, cada vez va a ser peor”, sentenció.